Los
resultados de las últimas elecciones municipales han aupado al poder a
pretendidos portavoces del pueblo que pretenden regenerar la vida política
haciendo uso de los mismos principios políticos que han llevado a occidente a
su autodestrucción.
De
forma sorprendente los madrileños tendrán que ser espectadores de la
constitución de un nuevo Ayuntamiento presidido por la conocida ex magistrada
Carmena. Desde su candidatura Ahora Madrid y desde el partido político detrás
de la misma (Podemos) han querido vender a esta ideologizada septuagenaria como
solución de los numerosos problemas de la capital española.
Al
día siguiente de quedar segunda en las elecciones municipales nuestra Carmena
ya se autoproclamaba alcaldesa y lo que es más importante, comunicaba sus
primeros pasos como alcaldesa en funciones. Según confesó a los medios de comunicación
el lunes pasado mantuvo una reunión con el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y con el Juez Decano de la capital; lo sorprendente no es en
sí la reunión mantenida sino el objeto de la mismas y la conclusiones que la
alcaldable extrajo de dicha reunión.
Por
lo visto desde el Ayuntamiento se pretende constituir una oficina para evitar
los lanzamientos, o en román paladino se pretende evitar los desahucios de
todos aquellos que no pueden o no quieren pagar sus alquileres. Esta oficina,
que a algunos les pudiera parecer buena idea, sin embargo tiene un problema
elemental: supone quebrantar el único beneficio que tiene el estado de
derechos, a saber, la seguridad jurídica.
Efectivamente,
los jueces y magistrados tienen la obligación de hacer cumplir la ley, sin que
en ningún caso puedan hacer dejación de dicha misión, no obstante parece que la
ex magistrada ya no se acuerda de las obligaciones que tenía cuando desempeñaba
su antiguo oficio antes de dedicarse a la política, pues sino no se entiende
como puede ahora pedir a los jueces que inapliquen la ley por motivos
políticos.
Cabe
recordar que los Ayuntamientos no tienen competencias en materia de justicia, ni
tienen competencias para dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por lo cual poco o nada puede hacer el Ayuntamiento en
esta materia.
Las
únicas competencias que tiene el Ayuntamiento es ayudar a las familias con
necesidades económicas a finalizar el mes haciendo uso de sus propias competencias en materia social, mediante el
ofrecimiento a las familias de viviendas sociales y la concesión de diferentes
figuras de ayudas económicas y subsidios.
Pero
el problema mayor viene precisamente de la buena impresión que dicha entrevista
ha producido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Juez Decano
de Madrid. Una de dos, o falta a la verdad la señora Carmena al decir que los
jueces han quedado satisfechos y con
ganas de implantar la referida oficina antidesahucios, o los jueces han
decidido junto a la futura alcaldesa transitar por los difíciles caminos de la
prevaricación judicial, pues no se nos ocurre forma alguna de parar un
desahucio cuando la ley ampara a aquel que ejercita una acción justa.
Desde
luego queda claro que el populismo y no el pueblo ha llegado al poder en España
después de las últimas elecciones. El fin del populismo no es precisamente
solucionar los problemas de las personas y familias, sino crear una ficción de
solución, así lo lógico sería pensar que una persona que no puede pagar su
alquiler o no puede pagar la hipoteca lo que necesita es un trabajo remunerado
y no simplemente que se paralice el desahucio. Aunque sea una obviedad tenemos
que recordar que las necesidades de las familias no se acaban con la posesión
de una vivienda, sino que se han de arbitrar mecanismos que permitan a las
familias comer caliente todos los días, poder vestir con dignidad, pagar sus
facturas, llevar al colegio a sus hijos, y tantas y tantas necesidades que se
pueden cubrir perfectamente si todas las familias tuvieran acceso a un trabajo dignamente
remunerado.
Además,
¿verdaderamente es oportuno paralizar los desahucios?. Para responder a esta
pregunta basta poner un ejemplo bastante común en nuestro país. Una pobre viuda
sin derecho a pensión, o con derecho a pensión mínima, es titular de dos
viviendas, a saber: la que disfrutaba con su difunto esposo, y que actualmente
es su vivienda habitual, y otra vivienda que posee como herencia de su familia.
Dicha pobre viuda para satisfacer sus necesidades primordiales (alimento,
vestido y medicamentos), como cientos de viudas, decide poner en alquiler su
segunda vivienda para poder llegar a fin de mes con las rentas producidas. Si
su inquilino le paga puntualmente el alquiler nuestra viuda llegará a fin de
mes con dignidad, pero si no recibe puntualmente su alquiler tendrá que guardar
cola en los comedores de caridad para poder comer algo calientes. ¿Es justo que
la pobre viuda ante el impago de las rentas no trate de desahuciar a su
inquilino para liberar la vivienda y volverla a ponerla en alquiler? Según la
progresía no es justo pues la propiedad es un pecado en sí misma y nuestra
pobre viuda vendría obligada a soportar un inquilino incumplidos, mientras ella
se ve en la necesidad de recurrir a la caridad para llegar a fin de mes, pero según
un elemental criterio de justicia y equidad nuestra viuda tendría todo el
derecho del mundo para desahuciar a su inquilino incumplidor.
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